La Ley de Vivienda un año después
En su primer año en vigor ha provocado
una mayor falta de confianza de los propietarios en poner sus pisos en
alquiler, según los expertos consultados.
Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el
mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente ha
provocado la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de
miles de propietarios con la nueva regulación, según los expertos consultados.
Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que era uno de
los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para
miles de personas que buscan piso: los precios están en muchas de las áreas
analizadas por idealista en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán
subiendo.
La Ley por el Derecho a la Vivienda se
aprobó hace justo un año en el Parlamento, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día
siguiente y entró en vigor el 26 de mayo de 2023. Un texto que ha sido
fuertemente criticado desde antes de su puesta en marcha por distintos ámbitos
de la sociedad española, desde la política a los empresarios, pasando por el
sector inmobiliario. Todos los mayores temores de los expertos se han
cumplido: volatilización de la oferta y precios en niveles máximos.
“La principal consecuencia de la Ley
de la Vivienda, en los últimos 12 meses, ha sido que todo el sector
inmobiliario ha gastado demasiado tiempo pronunciándose sobre sus efectos
perniciosos y tratando de convencer al Gobierno de la necesidad de su
modificación e incluso derogación”.
“Todas estas palabras se las ha llevado el viento, como era
previsible, porque la principal función de esta ley ha sido, en mi opinión, la
de captar votos, tratando de aplicar medidas simples a un problema complejo.
Como ya anunciamos muchos profesionales del sector, y también el Banco de
España, los efectos de esta ley, incluso sin su aplicación, han sido muy negativos,
al incrementar los riesgos de los propietarios, la inseguridad, frente a
actuaciones vandálicas y la ocupación, y al señalarles como los culpables de un
problema que no han creado”, añade el experto inmobiliario.
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